La cacería del gorilaLa Comunidad de Madrid ha decidido regular el acceso al empleo de portero de discoteca mediante pruebas psicotecnicas y de conocimiento que realizará la Academia de Policía. En sólo cinco días se ha puesto en marcha una normativa después de años de impunidad dejando actuar a sus anchas a gorilas indocumentados, a quienes de alguna forma les hemos dado un tratamiento de fuerzas del orden o de agentes para la aplicación en los locales de ocio de una ley que no deja de ser la ley del hampa -Es muy habitual en este país a otorgar un estatus paramilitar y de oficialidad a cualquier mindundi investido o autoinvestido de autoridad, desde los inspectores de la SGAE a los cobradores del frac-. Esta inaudita celeridad de la clase política en legislar se justifica, según el consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados, en la demanda social. La explicación es clara: La "demanda social" se apellida Ussía...
No hace falta decir que el asesinato del chaval es una tragedia se trate de quien se trate, ni expresar todo el asco que da pensar en tres matones ensañándose, gozando sin duda, de su 
demostración de fuerza, hasta reventar el corazón de un chico de 18 años, pero pocas dudas caben de que si los tres orangutanes que se agazapaban a las puertas de El Balcón de Rosales hubieran machacado a un inmigrante o a cualquier niñatillo de suburbio, la Administración -al menos esa Administración- no se habría dado tantas prisas, ni tal vez tampoco el juez hubiera levantado el secreto sumarial en menos de una semana alegando lo que en otras ocasiones es argumento para prolongar dicho secreto, la presión mediática. Pero Álvaro Ussia era sobrino de un conocido periodista de la derecha, era un chico sano, deportista y de buena familia, vivía en un chalé de Aravaca y estudiaba en el Monte Tabor de Pozuelo, un colegio en el que las clases dirigentes forman a sus cachorros -fue el primero de Madrid en el que los padres presentaron una objeción masiva contra Educación para la Ciudadanía- y que puede permitirse el lujo de ser acusación particular en el caso.
Puede parecer demagógico -y reconozco que no me gusta- destacar el origen social de Álvaro Ussía, pero ¿a que nadie sabía que era sólo el tercer joven asesinado en este 2008 en madrid por porteros de discoteca? En Cataluña la Generalitat mostró en su día mayor sensibilidad, aunque tambien fue después de un crimen brutal, el del ecuatoriano Wilson Pacheco en una discoteca del Maremàgnum. entonces se dictó una normativa que parece haber funcionado.
Ante lo ocurrido en Madrid es significativo leer lo que cuentan los órganos de la gente de orden: ABC ensalza la solidaridad entre el grupo de cachorros de la ruling class y El Mundo, como acostumbra, roe los huesos en busca de carroña y aprovecha para arremeter contra su odiado Gallardón. El alcalde de Madrid o la presidenta de la Comunidad prometen lo que no pueden cumplir porque excede sus competencias, pero así se curan en salud. Ignoro por qué los cambios legales no consisten simplemente en que la vigilancia de locales, dado que es difícil delimitar qué es control de acceso de lo que es seguridad, no se contrata obligatoria y exclusivamente con empresas de seguridad homologada con vigilantes uniformados y con placas que acrediten su formación; y escribo esto pese a que no me gustan ni un pelo estas empresas ni me fío de muchos de los tipos a los que contratan y creo que recurrimos en exceso a blindar nuestra seguridad.
Es impresionante el curriculum de ilegalidades que había acumulado El Balcón de Rosales y seguía abierto, incluso con una actitud de claro desafío a la Ley. Las exp
licaciones dadas por el alcalde de Madrid sólo lhan demostrado que no es la excepción sino la norma en una selva sin control en la que quienes frecuentamos los garitos sobrevivimos de milagro -soy superviviente de Alcalá 20 y parece que desde hace 25 años hasta ahora las cosas sólo han hecho empeorar-. Sólo en la Región de Murcia se han presentado cinco denuncias por agresiones de porteros en el último fin de semana, una de ellas con otro chaval hospitalizado. Y llama la atención que ante lo visto parece que las leyes menos respetada en España sean la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y los reglamentos complementarios de ella que regulan el derecho de admisión. Aunque sea una minucia comparado con este tipo de tragedias,ayer Ideal de Granada hablaba de las multas a cuatro cines de esta ciudad que llevaban cinco años contraviniendo el Reglamento General de la admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas del Gobierno Andaluz al impedir el acceso a las salas con palomitas, refrescos y otros productos. esos cines tienen incluso la desfachatez de explicitar esa prohibición -totalmente ilegal- con carteles en la entrada. Pero que todo el problema fueran unas palomitas...
demostración de fuerza, hasta reventar el corazón de un chico de 18 años, pero pocas dudas caben de que si los tres orangutanes que se agazapaban a las puertas de El Balcón de Rosales hubieran machacado a un inmigrante o a cualquier niñatillo de suburbio, la Administración -al menos esa Administración- no se habría dado tantas prisas, ni tal vez tampoco el juez hubiera levantado el secreto sumarial en menos de una semana alegando lo que en otras ocasiones es argumento para prolongar dicho secreto, la presión mediática. Pero Álvaro Ussia era sobrino de un conocido periodista de la derecha, era un chico sano, deportista y de buena familia, vivía en un chalé de Aravaca y estudiaba en el Monte Tabor de Pozuelo, un colegio en el que las clases dirigentes forman a sus cachorros -fue el primero de Madrid en el que los padres presentaron una objeción masiva contra Educación para la Ciudadanía- y que puede permitirse el lujo de ser acusación particular en el caso.Puede parecer demagógico -y reconozco que no me gusta- destacar el origen social de Álvaro Ussía, pero ¿a que nadie sabía que era sólo el tercer joven asesinado en este 2008 en madrid por porteros de discoteca? En Cataluña la Generalitat mostró en su día mayor sensibilidad, aunque tambien fue después de un crimen brutal, el del ecuatoriano Wilson Pacheco en una discoteca del Maremàgnum. entonces se dictó una normativa que parece haber funcionado.
Ante lo ocurrido en Madrid es significativo leer lo que cuentan los órganos de la gente de orden: ABC ensalza la solidaridad entre el grupo de cachorros de la ruling class y El Mundo, como acostumbra, roe los huesos en busca de carroña y aprovecha para arremeter contra su odiado Gallardón. El alcalde de Madrid o la presidenta de la Comunidad prometen lo que no pueden cumplir porque excede sus competencias, pero así se curan en salud. Ignoro por qué los cambios legales no consisten simplemente en que la vigilancia de locales, dado que es difícil delimitar qué es control de acceso de lo que es seguridad, no se contrata obligatoria y exclusivamente con empresas de seguridad homologada con vigilantes uniformados y con placas que acrediten su formación; y escribo esto pese a que no me gustan ni un pelo estas empresas ni me fío de muchos de los tipos a los que contratan y creo que recurrimos en exceso a blindar nuestra seguridad.
Es impresionante el curriculum de ilegalidades que había acumulado El Balcón de Rosales y seguía abierto, incluso con una actitud de claro desafío a la Ley. Las exp
licaciones dadas por el alcalde de Madrid sólo lhan demostrado que no es la excepción sino la norma en una selva sin control en la que quienes frecuentamos los garitos sobrevivimos de milagro -soy superviviente de Alcalá 20 y parece que desde hace 25 años hasta ahora las cosas sólo han hecho empeorar-. Sólo en la Región de Murcia se han presentado cinco denuncias por agresiones de porteros en el último fin de semana, una de ellas con otro chaval hospitalizado. Y llama la atención que ante lo visto parece que las leyes menos respetada en España sean la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y los reglamentos complementarios de ella que regulan el derecho de admisión. Aunque sea una minucia comparado con este tipo de tragedias,ayer Ideal de Granada hablaba de las multas a cuatro cines de esta ciudad que llevaban cinco años contraviniendo el Reglamento General de la admisión de personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas del Gobierno Andaluz al impedir el acceso a las salas con palomitas, refrescos y otros productos. esos cines tienen incluso la desfachatez de explicitar esa prohibición -totalmente ilegal- con carteles en la entrada. Pero que todo el problema fueran unas palomitas... 
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