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Igualdad y Bienestar

Les hablé hace dos meses del Concurso de trabajos perros que convocó Izquierda Unida para denunciar cómo más de cien mil granadinos víctimas de la precariedad se han de ganar el pan y el transistor desde el que los cantamañanas de siempre repiten su cansina soflama sobre reformas laborales, despidos baratos y flexibilidades llevadas al extremo del contorsionismo.

Alguien leía en el Congreso el hilarante Artículo 35 de la Constitución cuando se entregaron los premios. Se recogieron testimonios de la moderna esclavitud como para callar a muchos bocazas y, era de esperar, quien ganó era mujer y joven. Pero había algo siniestro en los méritos que demostró aquella chica: su precariedad había crecido a la sombra de la Administración Pública, en concreto de una consejería del Gobierno socialista andaluz cuyo nombre habla de Igualdad y Bienestar Social.



Igualdad y bienestar es lo que esta joven y sus compañeros no han conocido trabajando para un centro de menores con trastornos de conducta concertado con la mentada Consejería. Cobra ochocientos euros al mes, sin pagas extras, le aplican –es un decir, nunca lo cumplen- el convenio de guarderías, nada de abonar las horas nocturnas o la penosidad de un trabajo en el que con demasiada frecuencia es víctima de amenazas, insultos, agresiones físicas e incluso acoso sexual. Le malpaga una empresa a la que la consejería que hace bandera del feminismo y el igualitarismo jamás pide cuentas sobre las condiciones contractuales, de vida y trabajo de sus empleados. No son los suyos, al fin y al cabo.

Concertar es mirar para otro lado mientras se obtiene ventaja de la explotación que otros realizan. A la Administración le sale muy económico convencernos de que sus políticas nos prestan servicios y nos hacen más iguales. La semana pasada a mil quinientos ancianos, enfermos o discapacitados de Granada nadie les llevó a la ducha, les compró el pan o los levantó de la cama porque la concesionaria de la atención domiciliaria despide a sus indefinidos y contrata a empleados más baratos, que a veces ni conocen nuestro idioma pero, tal como están las cosas, aceptan lo que les den; la Administración no paga a la empresa, la empresa no paga a los trabajadores y éstos, que no pueden más, han ido a la huelga. La Ley de Dependencia es, dicen, un pilar del Estado del Bienestar, pero éste es un Estado concertado.

Concertado como la educación que imparten empresas que se llevan nuestro dinero para saltarse a la torera la integración de inmigrantes, la laicidad o su misma gratuidad camuflando de donaciones y actividades extraescolares el atraco al que someten a los padres. Pero a la Administración le sale más barato que abrir colegios para todos. No hablen de igualdad ni de bienestar si los han concertado con el mismísimo diablo.