Sólo tardó veinticuatro horas. Un día después de publicarse su dimisión en el Boletín Oficial del Estado el exministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón solicitó el ingreso en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como miembro vitalicio, un puesto al que le da derecho su condición de expresidente de dicha Comunidad, como su antecesor en este último cargo
Joaquín Leguina, ya integrante de por vida del Consejo. La antigua rival de ambos
Esperanza Aguirre se apresuró a justificar ambas presencias en el dorado y carísimo
cementerio de elefantes, dado que ese mismo destino le aguarda a ella sea cual sea su futuro próximo, y eso que
Gallardón aseguró en su comparecencia de despedida que regresaría a su trabajo de abogado tras los dos años de retiro que marca la Ley. Su solicitud -hecha por sí mismo, no una gracia de
Su Majestad-, no hace falta decirlo, fue aceptada de inmediato, tras lo cual el ministro retirado ha pasado a embolsarse
87.440 euros brutos anuales por asistir poco más de una vez a la semana a votar resoluciones que funcionarios con salarios mucho más modestos -
y además congelados- redactan.
La presencia de esta equívoca figura del asesor, opaca en cuanto a su número y a su retribución, y de más que dudosa utilidad parece ser un mal que se reproduce en distintos niveles de la Administración, que se rodean de asesores, sueltos o agrupados en consejos como el citado de Madrid para proporcionar acomodo y peculio a familiares, amigos, militantes de los partidos gobernantes o cualesquiera personajes a quienes se deban favores políticos o económicos. Recientemente se denunciaba
su proliferación alrededor del gobierno gallego. Al parecer
por Baleares también se extiende esta plaga como la carcoma. También se ha hablado mucho de la superpoblación de asesores en el Ayuntamiento de Madrid -
relacionado además con el uso de las Visas opacas de Caja Madrid- y la Diputación de Granada, entre otros ejemplos. Ya se han dado
sentencias contra administraciones que colocaron en masa y por supuesto a dedo como asesores políticos -en comunicación, cultura, vaya usted a saber- a compañeros de militancia que no obtuvieron plazas mediante el voto popular en unas elecciones.
El puesto de consejero consultivo del señor Gallardón es vitalicio, es decir que durará mientras dure la vida del usufructuario o mientras subsista la propia institución en la que se ha integrado. Como no sería políticamente correcto ni legalmente justificable mandar al exministro al
otro barrio, y con ánimo de ahorrar al erario público gastos tan onerosos, meatrevo a sugerir otra clase de aborto: la supresión del Consejo Consultivo, cuya ausencia sólo notarán sus miembrosa finales de cada mes, junto a una serie de organismos prescindibles que, en aras de la austeridad y la cordura democrática del país, no podemos permitirnos. A saber:
2. El Senado
3. El Tribunal Constitucional
4. El Consejo de Estado
5. Las diputaciones
5. Las mancomunidades comarcales
6. Las subdelegaciones del Gobierno
7. Las delegaciones provinciales de los ministerios
8. Los defensores del pueblo autonómicos
9,Multitud de patronatos municipales y provinciales
10. Latotalidad de los consejos y tribunales consultivos y de Cuentas
Suma y sigue...
No hay comentarios:
Publicar un comentario