¿Cómo dan más miedo? |
Los
sismólogos deberían calcular el poder de devastación de cada
reunión del Consejo
de ministros de la era Rajoy, aunque no sé si la escala de
Richter sería suficiente. Los físicos nucleares habrían de medir
en en megatones las ruedas de prensa de la portavoz. Los servicios de
vigilancia costera tendrían que activar cada viernes una alerta de
sunami
en previsión de los efectos de la onda expansiva de los acuerdos del
Gobierno del Partido Popular. Los boletines horarios no daban abasto, y cada hora del pasado viernes nos ibamos enterando de una nueva calamidad. La reunión del Consejo de Ministros del viernes 20 de abril fue
el hecho más destructivo ocurrido en nuestro país desde del 11-M.
Llámenme
exagerado y después díganme si no es un hecho cruento y que puede
poner en riesgo la vida de muchas personas dejar
sin atención sanitaria a medio millón de inmigrantes, medida
que se aplicará con la excusa del turismo sanitario pero que deja
desasistidos a los más débiles. Díganme si no lo es cambiar
la Ley de Extranjería supuestamente para evitar que familiares
de residentes extranjeros legales vengan a España a recibir atención
sanitaria; no es ahorro, es pura y simplemente ideología racista,
cuando está acreditado que los
inmigrantes recurren menos a la sanidad pública que los españoles.
No
fue un consejo de ministros, fue una declaración de guerra a la idea
del bien común y de la igualdad de oportunidades y derechos. Los
recortes
para ahorrar 7.000 millones en Sanidad pasarán por encima de muchos
cadáveres. El copago en cualquiera de sus formas es una estafa,
salvo que se deroguen los impuestos e impongamos la ley del más
fuerte. Su instauración
entre los pensionistas y el incremento de la cantidad que deben
abonar los trabajadores por cada medicamento que compren, es un robo
a quienes han cotizado puntualmente su seguridad social y presentado
su declaración de Hacienda.
Como
el territorio de exclusión alrededor de Chernobyl, sin futuro, queda
un país en cuya educación el
Gobierno decide ahorrar 3.000 millones de euros. Carreras
universitarias de nuevo al alcance sólo de las élites, aulas
atestadas de alumnos en los otros niveles educativos, menos
profesores y por si algo faltaba, el ataque a Andalucía, la
Hiroshima de todos los bombardeos que ordenará el gobierno central
en los próximos meses para doblegar la voluntad popular y derribar
al gobierno elegido en las urnas. El
bloqueo a las oposiciones para profesores de Andalucía
se ha dictado desde lo alto de un caballo de terrateniente añejo. Y
luego vendrá la intervención
de las cuentas de la Junta. Sí, también a
Castilla-La Mancha y Valencia para disimular, pero en la letra
pequeña del Consejo de Ministros del viernes ya estaba la trampa: la
autorización
a estas dos comunidades a endeudarse por 3.500 millones de euros
más.
El
sunami también se llevará por delante una isla -imperfecta si se
quiere- de la libertad de expresión: El
Gobierno no ha dudado en cambiar la ley para tomar el control de
RTVE. Se ha dictado el final Como dijo Iñaki Gabilondo “Se
acabó: El tiempo de la dignidad recuperada en TVE ha concluido”.
Se da un
golpe de Estado en televisión y se interviene la televisión
pública pero no para rescatarla sino para hundirla. También las
autonomías podrán privatizar las televisiones públicas y es,
en una Andalucía intervenida, también va por Canal Sur.
Como el niño Froilán el gobierno nos obliga a dispararnos en el propio pie y en su guerra de Gila contra Argentina no se le ocurre
nada mejor que reducir
la compra de biodiésel al país andino. Pero, no, no era esa la traca final en el Consejo de Ministros de la Muerte. Aún
quedaba mucha ignominia por repartir y así en la misma reunión se
aprobó el indulto
a los dos últimos condenados por el caso ‘Yak-42’, unos
sinvergüenzas con galones que mezclaron trozos de soldados españoles
y los entregaron a sus familias. Unos militares que seguramente
aguardaban a un gobierno del PP para mantener su pacto de silencio
sobre la responsabilidad criminal del infame Federico Trillo.
No,
el consejo de ministros del viernes, sumado a los demás consejos
desde el pasado diciembre, no es un acto de gobierno, es un cambio de
régimen. Pero no deberían olvidar que si derogan o cambian hasta lo
irreconocible el régimen de libertades y derechos que los españoles
decidimos otorgarnos, los españoles estaremos legitimados a
derrocarles, incluso por la fuerza. Por cierto, este miércoles es 25
de abril, día de claveles y fusiles, y se conmemora que un día un ejército decidió que era al pueblo y no al Gobierno al que debía lealtad. Ahora llámenme golpista. Yo les llamaré cabrones.