Centenares de miles de personas salieron ayer a las calles de toda España con la oposición a la firma del Pacto del Euro como principal argumento. Hayan acudido o no a las manifestaciones, si no han sucumbido aún a la atroz campaña de desprestigio que ha caído sobre el 15-M a partir de las actuaciones de unos cuantos descerebrados, les invito a enterarse de lo que significará la firma en pocos días del Pacto del Euro, porque la cosa tiene mucho delito. Yo, en cambio, tengo un motivo añadido para estar en esas manifestaciones. Me lo ha dado la Junta General de Accionistas que la pasada semana celebró la cuarta mayor entidad financiera del mundo, el mayor banco de la Zona Euro, la empresa más grande de España y la sexta a nivel mundial... El Banco de Santander, por si aún no atinan. No se me va de la cabeza la cara de su presidente, Emilio Botín, un banquero cuyo apellido es un chiste de mal gusto y de quien, tras verle responder a los accionistas en dicha Junta, tengo muy clara una cosa: Verán, cuando el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt sacó a América de la Gran Depresión negándose a ayudar a la Banca y estableciendo una economía keynesiana de control y limitación de los movimientos especulativos -política que dio origen a la mayor etapa de prosperidad que haya conocido una nación occidental-, algunos banqueros se suicidaban. Lo recordaban durante la crisis financiera de 2008 las pancartas de los manifestantes en Wall Street: “¡Saltad, bastardos!”. Lo que tengo claro es que jamás veremos el cuerpo de Emilio Botín balanceándose colgando de su corbata roja. Precisamente para que eso no ocurra se firma el Pacto del Euro, para garantizar que la aniquiladora economía especulativa que ha causado esta crisis esté aquí para quedarse.
“Ese no es un tema del orden del día de la Junta”, interrumpiría Botín, como le hizo a Álvaro Van Den Brule, el pequeño accionista que se enfrentó al gigante. Responsable de una curiosa asociación llamada Ajedrez sin fronteras, dijo acudir en representación de su hija, licenciada, con dos idiomas y parada de larga duración que participaba en la acampada de la Puerta del Sol. “Es usted un máquina” le dijo Van Den Brule y le recordó que en los cuatro años que dura la crisis, desde 2006 á 2010, el Banco de Santander obtuvo 42.656 millones de euros en beneficios y que en ese período las retribuciones a los consejeros -esos cracks del ilusionismo financiero, les llama- ascendieron a 1.200 millones. “Mientras se iba abriendo la fosa de la destrucción de empleo en la que millones de condenados perdían su esperanza y su dignidad, ustedes se forraban a espuertas sin recato ni pudor”, acusa. Durante la Junta hubo otra intervención que Botín trató de callar, la del joven Carlos Pesquera, que se dirige a los dueños del Santander como “propietarios del presente”, les implica en el tráfico de armas y les anima a unirse a las asambleas del 15-M aclarándoles que “no es por los pobres, no es por los parados, sino por nuestros hijos y nietos que nos gritan desde un futuro sembrado de infamias”.
Vean y escuchen atentamente ambas intervenciones, porque la que las televisiones emitieron repetidamente fue la del accionista Antonio Panea, quien provocó la ira de Botín al pedirle explicaciones por la investigación abierta por la Audiencia Nacional por sospechas de fraude fiscal y evasión de impuestos contra los hermanos Emilio y Jaime Botín y los diez hijos de ambos. Y eso que no le preguntó por el resto de su carrera delictiva, que es el otro motivo por el que la cara del hombre cuyo apellido equipara el Diccionario de Sinónimos con saqueo, pillaje, presa, despojo, trofeo y robo se me aparece cuando busco motivos para salir a la calle a alborotar.
Panea podría haber hablado de los pagos investigados por el Senado de EE.UU, por más de 19 millones de euros de las petroleras Exxon Mobil y Marathon a las cuentas del Santander mediante las que el dictador guineano Teodoro Obiang saquea a su país. O del delito societario que se le atribuyó por pagar 44 millones de euros que eran propiedad de los accionistas del BCH a José María Amusátegui, a cambio de retirarse y dejar a Botín como único presidente de la entidad resultante de la fusión entre ambos bancos -con la propina añadida de una pensión de jubilación de 5'1 millones de euros-. Y podría haber hablado del medio billón de pesetas de dinero negro que manejó el Santander y que trató de blanquear mediante cesiones de crédito de las que no dudó en declarar como titulares a muertos, emigrantes, ancianos desvalidos, parados, familiares de empleados del banco y antiguos clientes. Uno, que ha visto a rectores, arzobispos, alcaldes y presidentes de Gobierno babear ante el hombre de la corbata roja, sabe que los accionistas podrían hablar hasta morir de cansancio y Botín permanecería impasible, sabedor de que los poderes públicos son su cortafuegos. En todos estos casos la Fiscalía solicitó el sobreseimiento, dando lugar a toda una doctrina jurídica establecida por el Tribunal Supremo, y en el de la cesión de créditos primero la secretaria de Estado de Justicia del último gobierno González, Teresa Fernández de la Vega, y después el ministro de Economía del primer ejecutivo de Aznar, Rodrigo Rato, presionaron a la Abogacía del Estado para que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”.
En las calles se grita por un futuro en paradero desconocido y Emilio Botín sabe que está a buen recaudo en el despacho notarial que redactará su testamento. Mientras, observa orgulloso a su hija Ana Patricia sentada en las dos últimas reuniones del Club Bildeberg.
“Ese no es un tema del orden del día de la Junta”, interrumpiría Botín, como le hizo a Álvaro Van Den Brule, el pequeño accionista que se enfrentó al gigante. Responsable de una curiosa asociación llamada Ajedrez sin fronteras, dijo acudir en representación de su hija, licenciada, con dos idiomas y parada de larga duración que participaba en la acampada de la Puerta del Sol. “Es usted un máquina” le dijo Van Den Brule y le recordó que en los cuatro años que dura la crisis, desde 2006 á 2010, el Banco de Santander obtuvo 42.656 millones de euros en beneficios y que en ese período las retribuciones a los consejeros -esos cracks del ilusionismo financiero, les llama- ascendieron a 1.200 millones. “Mientras se iba abriendo la fosa de la destrucción de empleo en la que millones de condenados perdían su esperanza y su dignidad, ustedes se forraban a espuertas sin recato ni pudor”, acusa. Durante la Junta hubo otra intervención que Botín trató de callar, la del joven Carlos Pesquera, que se dirige a los dueños del Santander como “propietarios del presente”, les implica en el tráfico de armas y les anima a unirse a las asambleas del 15-M aclarándoles que “no es por los pobres, no es por los parados, sino por nuestros hijos y nietos que nos gritan desde un futuro sembrado de infamias”.
Vean y escuchen atentamente ambas intervenciones, porque la que las televisiones emitieron repetidamente fue la del accionista Antonio Panea, quien provocó la ira de Botín al pedirle explicaciones por la investigación abierta por la Audiencia Nacional por sospechas de fraude fiscal y evasión de impuestos contra los hermanos Emilio y Jaime Botín y los diez hijos de ambos. Y eso que no le preguntó por el resto de su carrera delictiva, que es el otro motivo por el que la cara del hombre cuyo apellido equipara el Diccionario de Sinónimos con saqueo, pillaje, presa, despojo, trofeo y robo se me aparece cuando busco motivos para salir a la calle a alborotar.
Panea podría haber hablado de los pagos investigados por el Senado de EE.UU, por más de 19 millones de euros de las petroleras Exxon Mobil y Marathon a las cuentas del Santander mediante las que el dictador guineano Teodoro Obiang saquea a su país. O del delito societario que se le atribuyó por pagar 44 millones de euros que eran propiedad de los accionistas del BCH a José María Amusátegui, a cambio de retirarse y dejar a Botín como único presidente de la entidad resultante de la fusión entre ambos bancos -con la propina añadida de una pensión de jubilación de 5'1 millones de euros-. Y podría haber hablado del medio billón de pesetas de dinero negro que manejó el Santander y que trató de blanquear mediante cesiones de crédito de las que no dudó en declarar como titulares a muertos, emigrantes, ancianos desvalidos, parados, familiares de empleados del banco y antiguos clientes. Uno, que ha visto a rectores, arzobispos, alcaldes y presidentes de Gobierno babear ante el hombre de la corbata roja, sabe que los accionistas podrían hablar hasta morir de cansancio y Botín permanecería impasible, sabedor de que los poderes públicos son su cortafuegos. En todos estos casos la Fiscalía solicitó el sobreseimiento, dando lugar a toda una doctrina jurídica establecida por el Tribunal Supremo, y en el de la cesión de créditos primero la secretaria de Estado de Justicia del último gobierno González, Teresa Fernández de la Vega, y después el ministro de Economía del primer ejecutivo de Aznar, Rodrigo Rato, presionaron a la Abogacía del Estado para que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”.
En las calles se grita por un futuro en paradero desconocido y Emilio Botín sabe que está a buen recaudo en el despacho notarial que redactará su testamento. Mientras, observa orgulloso a su hija Ana Patricia sentada en las dos últimas reuniones del Club Bildeberg.
No hay comentarios:
Publicar un comentario