jueves, 12 de mayo de 2016

El fango

¿Qué es corrupción? ¡Y tú me lo preguntas!... Pitorreos aparte, ese fenómeno que tanto nos preocupa según las encuestas y que tan poco cuesta según las urnas se podría definir de muy diversas formas según nos convenga, pero para no liarnos y que no nos líen lo mejor sería acogernos a la amplia definición que hace la Comisión Europea: "cualquier abuso de poder para obtener réditos privados", Esto nos sirve tanto para la mordida que es una costumbre sistémica en muchos países de los denominados en vías de desarrollo -si te roban o extorsionan en algunos Estados terminados en tan es muy probable que lo hagan policías, militares o funcionarios aduaneros- como para nuestras corruptelas políticas, institucionales o institucionalizadas: otorgar trabajos y facilitar negocios a cambio de comisiones, financiar organizaciones irregularmente, colocar a personas afines no capacitadas para cubrir un puesto, ocultar bienes o ganancias al Fisco o tener dinero, posesiones o empresas en paraísos fiscales, sobre todo si se ocupa un cargo público. Todo ello es indudablemente inmoral, pero puede ser ilegal o no serlo. Todo ello es corrupción y en la España de hoy nos llega hasta el cuello.

La he llamado corrupción política porque casi siempre se da en ese ámbito y sus cercanías y relacionada con la financiación ordinaria de los partidos, la extraordinaria de las campañas electorales y la gestión de los fondos públicos en lo tres niveles de la Administración, central, autonómica y local. Contra lo que pretenden determinados patriotas partidarios de la recentralización y sus palmeros mediáticos, las autonomías son el nivel menos corrupto de estos tres y es en el ámbito local donde se dan más irregularidades, pues la competencia urbanística y buena parte de la contratación pública corresponde a los ayuntamientos, estrangulados económicamente por el Estado desde la última modificación del Régimen local, y las diputaciones son el reino del nombramiento a dedo de expertos y asesores. El coste de la corrupción en España asciende nada menos que a un veinte por cierto del PIB y es cierto que la mayor porción cuantitativa de ese pastel -mordidas y contrataciones irregulares- se detrae en las administraciones menores, pero las llamadas manzanas podridas -policías sobornados, viajes particulares pagados con dinero público, mal uso de tarjetas- se dan sobre todo en la Admivistración del Estado y grandes empresas públicas y las cuantías defraudadas son menores.

Para calibrar la magnitud del problema nos encontramos con un obstáculo: en España la corrupción es una percepción social que aumenta en periodos de crisis y que no existe como delito. Los delitos tipificados que claramente implican corrupción -tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación, que a menudo aparecen juntos. Otras corruptelas como el amiguismo, el dedazo o la financiación ilegal - han quedado impunes o se han eternizado en los juzgados, pues en la legislatura presidida por Mariano Rajoy menos del cuarenta por ciento han llegado a sentencia, lo que no quiere decir condena.

Al hablar de corrupción solemos referirnos  a un lodazal en el que exclusivamente chapotean la política y el empresariado -algún responsable sindical también-. Como a falta de datos oficiales solo podemos saber de ella a través de los medios de comunicación, obviamos los corporativismos delmundo periodístico y el dicho de que entre bomberos no nos pisamos la manguera, pero el fango también cubre a algunos periodistas y los medios que les emplean por sus conexiones y complicidades políticas y comerciales. Era vox pópuli la retroalimentación simbiotica entre los gobiernos de Felipe González y el grupo Prisa. Estos días nos enteramos de que el expresidente ha favorecido los negocios del iraní Massoud Zandi con Juan Luis Cebrián para explotar minas en África. González llegó a grabar un vídeo presntando como emprendedor modelo al iraní, que ha llevado a la ruina a toda empresa en la que ha puesto el pie. Por otro lado cuando los llamados Papeles de Panamá han revelado los negocios petrolíferos del presidente de PRISA y el desvío de sus ganancias a paraísos fiscales, Cebián la ha emprendido a demandas a los mensajeros y ha depurado a quienes han osado referirse a sus componendas desde dentro de su imperio. Más fango mediático: el que expanden las filtraciones y montajes policiales dirigidos por el Ministerio del Interior y voceados por el digital OK Diario y su director.

Se cumplen cinco años desde que el movimiento ciudadano del 15-M tomó las plazas públicas, y algunos de los escándalos contra los que entonces reaccionó una parte de la población española siguen sin sentencia en los tribunales. El caso Nóos sienta en el banquillo, cinco años después, a la hermana y el cuñado del rey, pero el caso Gürtel de apropiación de fondos públicos con la cooperación necesaria de altos cargos y todo un partido político, que estalló hace ya siete años, ni siquiera ha llegado a juício oral. Una exministra del gobierno Rajoy, el yerno del expresidente Aznar y todos los tesoreros del Partido Popular están en el ajo, pero eso no implica más diligencia y sí más obstáculos. En lo que sí se han implicado órganos judiciales ha sido en silenciar toda esta corrupción y frenar cualquier tentativa de castigo y de cambio. Hemos visto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado defendiendo a algunos presuntos corruptos -caso Noos-, a los responsables del reparto de causas dejando a otros en manos de jueces afines -caso Gürtel-. Nos queda por hasta dónde llega la Justicia en los nuevos escándalos aparecidos en los últimos meses -ayuuntamientos de Granada y Valencia, diputaciones valencianas, EREs, PSdGa, Operación Púnica, registro del PP de Madrid... el territorio de la corrupción se ampía a diario y el fango llega tan arriba que perdemos la visión y la perspectiva. De momento nos encontranos que el Tribunal Constitucional solo sirve para amenazar e impedir que se exprese la voluntad popular y que la Audiencia Nacional actúa como la heredera que es del Tribunal de Orden Público ((TOP) franquista y se emplea a fondo en perseguir y castigar la protesta y la desobediencia, sea la grabación de una carga policial o la actuación de unos peligrosos titiriteros.





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