¡Nena, kaka!

Déjenme que primero les explique el porqué de este estrambótico título. Para determinados especímenes sociales que han proliferado en estos primeros años del siglo XXI. y que con su costumbre simplificadora los medios de comunicación han llamado antisistemas, es norma ortográfica habitual sustituir la letra c oclusiva -cuando va seguida de a, o o u- y la q por una k -así casa se escribe kasa y en cuanto a ocupar, ya saben-; también es habitual que en su particular neolengua igualitaria, en lugar de recurrir al cansino ellos y ellas o al horrendo ell@s, tiren por la calle de enmedio y empleen el género femenino para todo dios: nosotras -observen un comunicado de los okupas del llamado Banc Expropiat del barcelonés Barrio de Gracia-; ni la feminista más radical  legría a ese extremo, Así que cuando un niño okupa anda toqueteando lo que no debe sus mayores le dicen ¡nena, kaka!. ETA y la izquierda abertzale también emplearon siempre esta supuesta ortografía de la disidencia.

Bromas aparte, que el asunto se las trae, la policía apunta a que detrás de todos los disturbios que se han producido en los últimos quince años en Barcelona hay unos doscientos alborotadores de simpatías anarquistas e incluso ramificaciones terroristas que igual la montan durante un desalojo que en una celebración del Barça. Al margen de lo que está ocurriendo en Gracia, desde hace algún tiempo se hace notar en toda España un heterogéneo conglomerado humano e ideológico que tiende a sepultar el razonamiento bajo toneladas de consignas aprendidas y a justificar cualquier clase de algarada, por violenta que sea, si lucha contra el sistema opresor. Hace un par de años, tras los disturbios que siguieron a las marchas de la dignidad y despropósitos como el de la Corrala Utopía de Sevilla los llamé bolivarianos en otro artículo de este blog, pero ahora estamos en período electoral y no quiero alimentar el espurio recurso a hablar de Venezuela al que acuden ciertos partidos, medios de comunicación y opinadores profesionales para conjurar lo que consideran una amenaza. Pero igualmente pienso que harían falta algunas desvinculaciones  y pronunciamentos claros frente a quienes tratan de imponer la ley de la selva. El Partido Popular suele enorgullecerse de que si en España la extrema derecha se ha quedado en grupúsculos extraparlamentarios es porque el partido creado por Manuel Fraga supo llevarla a su redil. En cambio Podemos y los movimientos surgidos del 15-M no deben aspirar a contenerlo todo; urge que cuanto antes se desvinculen del chavismo y de la pandilla de Arnaldo Otegui, el hombre de paz, y poner de patitas en la calle a su concejal matón Andrés Bódalo: era sonrojante la presencia el pasado 15 de mayo en la Puerta del Sol de una gran pancarta que exigía su amnistía¡!.

A quienes de forma acrítica quieren elevar a los altares a quien inventó el 15-M y sus sucedáneos les recordaré que como periodísta yo sí que me he sentido indignado al oir en varias ocasiones mientras trabajaba el ripio fascistoide ¡televisión = manipulación!. La última vez fue durante una retransmisión de la concentración que celebraba el quinto aniversario del 15 de mayo de 2011.

Un concejal de la CUP en una de las concentraciones

Volviendo al asunto de los okupas y las algaradas de Gracia, detecto mucho despiste e interés en mezlarlo todo. Se ha querido responsabilizar al pasado activista de la alcaldesa Colau de los coches volcados, los cajeros destruidos, los contenedores quemados y los mossos heridos -de aquellos polvos estos lodos- como si fuera lo mismo oponerse a un desalojo que dar una patada en la puerta y quedarse a vivir. Recordemos en primer lugar que fue su antecesor, el convergente Xavier Trias quien sin someterlo al pleno ordenó pagar con dinero de los barceloneses sesenta mil euros mensuales de alquiler del local que antes de la okupación fue oficina de Catalunya Caixa para evitar que un posible desalojo causara altercados en vísperas de las elecciones municipales de 2015. Se ha llevado a saber estos días que el ayuntamiento ha estado pagando a la propiedad los consumos e incluso los impuestos y tasas del inmueble -IBI y basuras- y que el contrato que unía a Consistorio y dueños preveía cubrir cualquier desperfecto y seguir renovándose si la finca seguía okupada , es decir, en la práctica el Ayuntamiento subvencionaba a los okupas; primero intentó pagarles para que se fueran sin ruido y, como no tragaron, luego hizo de asustaviejas para los dueños. Ahora Trias, que puede ser acusado de malversación de caudales públicos, va diciendo que haber rescindido el contrato, como hizo el nuevo equipo de gobierno fue un error. Otra muestra de la institucionalización y politización del conflicto ha sido la presencia de concejales de la CUP en todos los fregaos de Gracia como unos mamarrachos más.

Después el otro elemento clave a tener en cuenta es quién o quiénes son los propietarios del inmueble en cuestión: como han informado los ahora y cuando funcionaba la Caja de Tarragona -absorbida por Catalunya Caixa- la propiedad consta a nombre de Antártico Vintage, la empresa de Manuel Bravo Solano, patriarca de una conocida familia de especuladores inmobiliarios. Tanta complicidad entre un alcalde y un promotor recuerda sospechosamente al tándem Castedo-Ortiz en Alicante. Los simpatizantes de los okupas defienden su labor social -también los falangistas del hogar Ramiro Ledesma reparten comida y ropa-, pero ¡mira que si todo se reduce a un caso de corrupción!.

El fango

¿Qué es corrupción? ¡Y tú me lo preguntas!... Pitorreos aparte, ese fenómeno que tanto nos preocupa según las encuestas y que tan poco cuesta según las urnas se podría definir de muy diversas formas según nos convenga, pero para no liarnos y que no nos líen lo mejor sería acogernos a la amplia definición que hace la Comisión Europea: "cualquier abuso de poder para obtener réditos privados", Esto nos sirve tanto para la mordida que es una costumbre sistémica en muchos países de los denominados en vías de desarrollo -si te roban o extorsionan en algunos Estados terminados en tan es muy probable que lo hagan policías, militares o funcionarios aduaneros- como para nuestras corruptelas políticas, institucionales o institucionalizadas: otorgar trabajos y facilitar negocios a cambio de comisiones, financiar organizaciones irregularmente, colocar a personas afines no capacitadas para cubrir un puesto, ocultar bienes o ganancias al Fisco o tener dinero, posesiones o empresas en paraísos fiscales, sobre todo si se ocupa un cargo público. Todo ello es indudablemente inmoral, pero puede ser ilegal o no serlo. Todo ello es corrupción y en la España de hoy nos llega hasta el cuello.

La he llamado corrupción política porque casi siempre se da en ese ámbito y sus cercanías y relacionada con la financiación ordinaria de los partidos, la extraordinaria de las campañas electorales y la gestión de los fondos públicos en lo tres niveles de la Administración, central, autonómica y local. Contra lo que pretenden determinados patriotas partidarios de la recentralización y sus palmeros mediáticos, las autonomías son el nivel menos corrupto de estos tres y es en el ámbito local donde se dan más irregularidades, pues la competencia urbanística y buena parte de la contratación pública corresponde a los ayuntamientos, estrangulados económicamente por el Estado desde la última modificación del Régimen local, y las diputaciones son el reino del nombramiento a dedo de expertos y asesores. El coste de la corrupción en España asciende nada menos que a un veinte por cierto del PIB y es cierto que la mayor porción cuantitativa de ese pastel -mordidas y contrataciones irregulares- se detrae en las administraciones menores, pero las llamadas manzanas podridas -policías sobornados, viajes particulares pagados con dinero público, mal uso de tarjetas- se dan sobre todo en la Admivistración del Estado y grandes empresas públicas y las cuantías defraudadas son menores.

Para calibrar la magnitud del problema nos encontramos con un obstáculo: en España la corrupción es una percepción social que aumenta en periodos de crisis y que no existe como delito. Los delitos tipificados que claramente implican corrupción -tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación, que a menudo aparecen juntos. Otras corruptelas como el amiguismo, el dedazo o la financiación ilegal - han quedado impunes o se han eternizado en los juzgados, pues en la legislatura presidida por Mariano Rajoy menos del cuarenta por ciento han llegado a sentencia, lo que no quiere decir condena.

Al hablar de corrupción solemos referirnos  a un lodazal en el que exclusivamente chapotean la política y el empresariado -algún responsable sindical también-. Como a falta de datos oficiales solo podemos saber de ella a través de los medios de comunicación, obviamos los corporativismos delmundo periodístico y el dicho de que entre bomberos no nos pisamos la manguera, pero el fango también cubre a algunos periodistas y los medios que les emplean por sus conexiones y complicidades políticas y comerciales. Era vox pópuli la retroalimentación simbiotica entre los gobiernos de Felipe González y el grupo Prisa. Estos días nos enteramos de que el expresidente ha favorecido los negocios del iraní Massoud Zandi con Juan Luis Cebrián para explotar minas en África. González llegó a grabar un vídeo presntando como emprendedor modelo al iraní, que ha llevado a la ruina a toda empresa en la que ha puesto el pie. Por otro lado cuando los llamados Papeles de Panamá han revelado los negocios petrolíferos del presidente de PRISA y el desvío de sus ganancias a paraísos fiscales, Cebián la ha emprendido a demandas a los mensajeros y ha depurado a quienes han osado referirse a sus componendas desde dentro de su imperio. Más fango mediático: el que expanden las filtraciones y montajes policiales dirigidos por el Ministerio del Interior y voceados por el digital OK Diario y su director.

Se cumplen cinco años desde que el movimiento ciudadano del 15-M tomó las plazas públicas, y algunos de los escándalos contra los que entonces reaccionó una parte de la población española siguen sin sentencia en los tribunales. El caso Nóos sienta en el banquillo, cinco años después, a la hermana y el cuñado del rey, pero el caso Gürtel de apropiación de fondos públicos con la cooperación necesaria de altos cargos y todo un partido político, que estalló hace ya siete años, ni siquiera ha llegado a juício oral. Una exministra del gobierno Rajoy, el yerno del expresidente Aznar y todos los tesoreros del Partido Popular están en el ajo, pero eso no implica más diligencia y sí más obstáculos. En lo que sí se han implicado órganos judiciales ha sido en silenciar toda esta corrupción y frenar cualquier tentativa de castigo y de cambio. Hemos visto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado defendiendo a algunos presuntos corruptos -caso Noos-, a los responsables del reparto de causas dejando a otros en manos de jueces afines -caso Gürtel-. Nos queda por hasta dónde llega la Justicia en los nuevos escándalos aparecidos en los últimos meses -ayuuntamientos de Granada y Valencia, diputaciones valencianas, EREs, PSdGa, Operación Púnica, registro del PP de Madrid... el territorio de la corrupción se ampía a diario y el fango llega tan arriba que perdemos la visión y la perspectiva. De momento nos encontranos que el Tribunal Constitucional solo sirve para amenazar e impedir que se exprese la voluntad popular y que la Audiencia Nacional actúa como la heredera que es del Tribunal de Orden Público ((TOP) franquista y se emplea a fondo en perseguir y castigar la protesta y la desobediencia, sea la grabación de una carga policial o la actuación de unos peligrosos titiriteros.