Miguel Ortiz, el presidente de la Plataforma en Defensa del Río Castril, es muy pesado. Siempre que su asociación o los dueños de las fincas confiscadas por el irracional proyecto de trasvase de aguas desde el embalse del Portillo a Baza planifican alguna acción, Miguel llama a periódicos, radios y teles, insiste con cada periodista que conoce, se cerciora por activa y por pasiva de que la información será atendida debidamente, vuelve a llamar. Un pesado... Por suerte para la causa que defiende. Sin esa contumaz insistencia ya se habría desinflado un caso ejemplar de movilización ciudadana frente a unas autoridades obcecadas que han acabado por recurrir a la porra y perseguir al disidente a golpe de multa. Algunos periodistas se quejan de que Miguel y los suyos creen que no hay otra noticia más importante que la suya, cuando no hacen más que servirse de unos medios de comunicación que se supone son suyos, especialmente los públicos, y por tanto deben estar a disposición de la ciudadanía y no ser meros voceros de la oficialidad.
Por su pesadez nos enteramos de que ésta es una batalla entre quienes consideran el agua un valor cultural y de vida y aquellos para quienes es sólo un recurso. A este lado, una Administración que enreda y se enreda con la Ley y alcaldes como el de Castril actuando contra lo que piensan sus propios vecinos. Al otro lado, estos pesados que deben ser de los escasos ciudadanos multados y procesados en democracia por ejercer el derecho de manifestación. A la Subdelegación del Gobierno en Granada sólo le ha faltado decretar la Ley Marcial contra quienes tratan de impedir la destrucción de sus tierras en nombre de un engañoso bien común.
Estos pesados protestones hacen además una encomiable labor didáctica. Anteayer repartían en la capital productos agrícolas ecológicos alrededor de los cuales han desarrollado una industria transformadora y canales de comercialización. Sabemos así que no sólo se destruyen alamedas, sino tierra que produce y se defiende ante quienes sueñan con un paisaje de invernaderos y riegos mecanizados. También dan alternativas: La captación desde la desembocadura del Castril en el embalse del Negratín sería más barata y sostenible, pero la Administración opta por lo más caro y lo más perjudicial, tomarla río arriba.
En la Costa encontramos el ejemplo contrario. COAG exige cuanto antes los riegos desde el pantano de Rules para llenar de invernaderos 6.000 hectáreas más; como si hicieran falta más invernaderos, con cientos que se abandonan tras agotar la tierra como una plaga de langosta.
Hace cuatrocientos años que los gobiernos codician las aguas del río Castril para Lorca, Cartagena, el Amanzora o Baza, poniendo el valor especulativo del agua por delante de su valor real. Por fortuna hasta ahora ha habido pesados que lo han impedido.
Por su pesadez nos enteramos de que ésta es una batalla entre quienes consideran el agua un valor cultural y de vida y aquellos para quienes es sólo un recurso. A este lado, una Administración que enreda y se enreda con la Ley y alcaldes como el de Castril actuando contra lo que piensan sus propios vecinos. Al otro lado, estos pesados que deben ser de los escasos ciudadanos multados y procesados en democracia por ejercer el derecho de manifestación. A la Subdelegación del Gobierno en Granada sólo le ha faltado decretar la Ley Marcial contra quienes tratan de impedir la destrucción de sus tierras en nombre de un engañoso bien común.
Estos pesados protestones hacen además una encomiable labor didáctica. Anteayer repartían en la capital productos agrícolas ecológicos alrededor de los cuales han desarrollado una industria transformadora y canales de comercialización. Sabemos así que no sólo se destruyen alamedas, sino tierra que produce y se defiende ante quienes sueñan con un paisaje de invernaderos y riegos mecanizados. También dan alternativas: La captación desde la desembocadura del Castril en el embalse del Negratín sería más barata y sostenible, pero la Administración opta por lo más caro y lo más perjudicial, tomarla río arriba.
En la Costa encontramos el ejemplo contrario. COAG exige cuanto antes los riegos desde el pantano de Rules para llenar de invernaderos 6.000 hectáreas más; como si hicieran falta más invernaderos, con cientos que se abandonan tras agotar la tierra como una plaga de langosta.
Hace cuatrocientos años que los gobiernos codician las aguas del río Castril para Lorca, Cartagena, el Amanzora o Baza, poniendo el valor especulativo del agua por delante de su valor real. Por fortuna hasta ahora ha habido pesados que lo han impedido.