Legalización

¿Quieren una receta efectiva contra la crisis? Legalicemos las drogas, todas las drogas. No se echen las manos a la cabeza, sino a ese bien escaso que es el sentido común y atiendan, no a una boutade, sino a argumentos serios.

España, con uno de los menores índices de criminalidad de Europa, tiene la mayor población reclusa, 77.000 presos, debido a sucesivos endurecimientos del Código Penal hechos a golpe de titular de prensa. Un 28% de los varones presos y la mitad de las mujeres lo son por los llamados delitos contra la salud pública, sin contar delitos de sangre o contra la propiedad derivados del tráfico ilegal de drogas. Mantener a cada interno cuesta unos 25.000 euros anuales, advierte Nahúm Álvarez, director de la prisión de Albolote, luego estas 23.000 personas cuestan al Estado 574 millones de euros al año, un 38% de lo que ahorrará la congelación de las pensiones. Es probable que una legalización de las drogas –con la lógica reserva del acceso de los menores a ellas- incremente el coste sanitario, pero nunca tanto como ya cuestan las drogas legales, alcohol y tabaco.

Las drogas llevan toda la Historia con nosotros; es la utilización sistemática del derecho penal para perseguirlas, ya en el Siglo XX, lo que las convierte en un problema. Mientras las penas para otros delitos se suavizan en nombre de la reinserción, las fijadas para el tráfico de estupefacientes sufren una exacerbación punitiva sin fin. A mayor castigo, mayor es el problema, pero en lugar de reconocer su fracaso los gobiernos se empeñan en gastar más recursos en un inútil empeño por detener el comercio ilegal de narcóticos. Sólo se entiende si eres parte interesada en mantener en la economía sumergida este 8% del comercio mundial, 400.000 millones de dólares al año según la ONU. En Colombia, Marruecos, México, Venezuela o Afganistán el narcotráfico implica a gobernantes, empresarios, policía y ejércitos.

La legalización haría viables estados fallidos, terminaría con los crímenes relacionados con el narcotráfico –miles de muertos sólo en México-, evitaría casos de sobredosis o envenenamiento, secaría uno de los grifos de la corrupción, restaría excusas para recortar nuestras libertades, pero no olvidemos otro factor: El uso terapéutico de determinadas drogas.

La eficacia de la marihuana está demostrada frente a los efectos secundarios de la quimioterapia. Pues bien, en la actualidad cientos de enfermos de cáncer en España recurren al mercado negro sintiéndose delincuentes para poder obtener un alivio que debería suministrarles la Sanidad Pública. Hay sentencias favorables, normas aprobadas por unanimidad en los Parlamentos de Cataluña, Baleares y Aragón, farmacias dispuestas a participar, pero falta la valentía del Gobierno Central para dar el paso definitivo. Falta sentido común.