Era poco antes del mediodía en la puerta de los Juzgados de Granada. Llega una ambulancia haciendo sonar su sirena a toda pastilla. Se detiene y baja de ella una mujer joven. Es la conductora, la camillera, la sanitaria, todo en uno. Para qué más. Su empresa, Ambulancias Alhambra, ha de rentabilizar la sin duda ventajosa contrata obtenida del Servicio Andaluz de Salud, consciente de que la sanidad pública difícilmente va a fiscalizar si la ambulancia lleva o no el personal y los medios necesarios para atender según qué emergencias.
La mujer monta una silla de ruedas plegable y entra en las dependencias judiciales, regresando al cabo de unos minutos con un hombre relativamente joven y bien trajeado, probablemente un abogado, con síntomas evidentes de haber sufrido un infarto.
Introducir al enfermo en la ambulancia es toda una odisea: Dos guardias civiles que hacen guardia en los juzgados y varios compañeros del enfermo tienen que ayudar a la sanitaria a pasarle de la silla de ruedas a la camilla, subir ésta a la ambulancia y asegurarla al vehículo. Una compañera o familiar del abogado se va con él en la ambulancia.
Qué pasó después, cuánto tardó la ambulancia en llegar al hospital, cuánto tuvo que esperar el enfermo para ser atendido en Urgencias, no lo sabré nunca. Sólo que habían pasado veinte minutos que algún valor deben tener en la vida del infortunado cuando ésta está en un hilo. en las cuentas de los contratistas y quienes les pagan con nuestro dinero no parecen contar gran cosa.
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