AbortoAtónitos, los ediles del Partido Popular en Granada escucharon en el último Pleno el manifiesto del Día de las Mujeres, sin creerse que estuvieran aprobando una reivindicación explícita del derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y a la interrupción del embarazo sin trabas. Las mujeres de la Plataforma 8 de Marzo le habían colado un gol a la concejala de Familia que, evidentemente, no se había leído el comunicado que sometía a aprobación, justo cuando la caverna mediática se alista en una nueva cruzada contra la reforma de la Ley del Aborto y del Código Penal que busca que ninguna mujer pueda ir a la cárcel por interrumpir un embarazo.
Pero un manifiesto son sólo palabras; su poder de transformación de la realidad es tan escaso como el de las leyes que se dictan pero no se aplican. En 1985 un Gobierno socialista reguló el derecho al aborto; desde entonces las mujeres son delincuentes salvo en tres supuestos.
Ahora, tras incumplirse el compromiso electoral del PSOE durante una legislatura completa se anuncia que ya toca, que ahora sí llega el cambio y sobre cómo ha de ser se ha pronunciado una comisión de expertos.
La caverna se escandaliza de que adolescentes que no pueden votar -¿para cuándo adelantar a los 16 el derecho a sufragio?- puedan decidir sin permiso paterno sobre tener o no tener un hijo –tenerlo para siempre, ella, no su padre ni su madre-. El problema real es otro: Del mismo modo que la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna pero el capitalismo especulativo se ríe de esa prerrogativa, el derecho al aborto no existe en tanto está ausente de la sanidad pública. En Andalucía, con los socialistas gestionando la salud desde hace treinta años, no se puede ejercer este derecho en ningún hospital público. La obligación de todo médico debe ser aplicar la Ley, y nadie que se niegue a hacerlo debería ejercer en las secciones de obstetricia y ginecología de los centros públicos; la alternativa es
cambiar de especialidad o irse al sector privado. No veo al feminismo subvencionado denunciar esta contradicción, advertir de que de poco sirve una ley de plazos si no se soluciona esa anomalía. Del mismo modo que en los últimos años se emprendió una inhumana persecución judicial hacia algunas mujeres, que incluyó allanamientos e intolerables violaciones de la intimidad, las clínicas de interrupción del embarazo también sufrieron dicho acoso. La leyenda urbana de las trituradoras de niños de pecho se hizo cuestión de fe en labios de algunos políticos con escaño. Por eso quiero no pensar que la influencia de quienes gestionan clínicas privadas – tal vez temerosos de perder un próspero negocio- tiene que ver con ese silencio. Sería muy valiosa la incorporación de sus profesionales al sistema público, incluso para cubrir las deserciones de quienes objeten.
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